23 de abril, 2025
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El plan se articula en cinco grandes bloques: mejora de las condiciones laborales y materiales de las Fuerzas Armadas; desarrollo tecnológico y ciberseguridad; adquisición de instrumentos de defensa; gestión de emergencias; y operaciones de paz en el exterior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España alcanzará en 2025 el objetivo de destinar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a gastos de Defensa, cumpliendo así los compromisos adquiridos con la OTAN y la Unión Europea. El anuncio se produce tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que movilizará una inversión adicional de 10.471 millones de euros.

Durante su intervención en la sede del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Sánchez defendió la medida como una “inversión estratégica” que permitirá reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas, impulsar la industria nacional y crear cerca de 96.000 empleos, al tiempo que se protege el tejido productivo y se fomenta la innovación tecnológica.

El plan se articula en cinco grandes bloques: mejora de las condiciones laborales y materiales de las Fuerzas Armadas (3.712 millones), desarrollo tecnológico y ciberseguridad (3.262 millones), adquisición de instrumentos de defensa (1.962 millones), gestión de emergencias (1.751 millones) y operaciones de paz en el exterior (328 millones). El Ejecutivo estima que el 87% de la inversión revertirá directamente en empresas españolas y contribuirá a elevar el PIB en hasta 0,7 puntos.

Sánchez subrayó que el incremento del gasto se financiará sin subir impuestos, sin afectar al gasto social y sin incurrir en mayor déficit, gracias a la reasignación de partidas presupuestarias, préstamos del Ministerio de Industria, fondos europeos y recursos del Fondo de Liquidez Autonómica.

La medida, sin embargo, ha tensado los equilibrios dentro del Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expresado su malestar por la falta de consulta previa y ha advertido de que este giro en política de Defensa "no representa la sensibilidad progresista del Ejecutivo". Las críticas se han intensificado tras conocerse la adjudicación de un contrato de compra de balas a una empresa israelí, en plena escalada del conflicto en Palestina.

A pesar de la discrepancia, Sumar ha descartado por ahora una ruptura del Gobierno, aunque ha exigido explicaciones públicas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la cancelación del contrato mencionado.

Con este movimiento, el Ejecutivo busca posicionar a España como un socio fiable en el seno de la OTAN y la UE, al tiempo que refuerza su autonomía estratégica en un contexto global marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

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