El sector de la transformación del aluminio en España ve peligrar más del 10% de su producción y de 2.000 empleos por los precios desbocados de la energía

La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficies (AEA), que representa a más de 600 empresas del sector, quiere manifestar su profunda preocupación y demandar la toma de decisiones y la adopción de medidas inmediatas ante la crisis energética sin precedentes a la que estamos asistiendo. Desde el verano pasado, venimos sufriendo una evolución al alza del precio del gas y de los derechos de emisión que, con el recrudecimiento de los acontecimientos en las últimas semanas con la invasión de Ucrania, ha explotado, llevando a las empresas del sector del aluminio a una situación límite.

Europa en general y el sector metalúrgico en particular, lleva más de medio año atravesando una situación de escalada de costes de la energía, materias primas y transportes no vistos hasta ahora. “Todo ello ha llevado a tensionar los balances de nuestras empresas, poniéndolas contra las cuerdas, y haciendo que sean ya demasiadas las que se plantean la viabilidad de sus actividades. Es así como ya comenzamos a asistir a paralizaciones en la producción de muchas de ellas o a cierres de plantas”, ha dicho el presidente de AEA, Armando Mateos.

Armando Mateos ha añadido: “En los últimos días hemos sufrido una escalada nunca vista de los precios de la energía eléctrica, alcanzando el pasado 8 de marzo un máximo histórico con el precio medio en 547 €/MWh. Para empresas como las nuestras, en las que la electricidad es un factor primordial en su proceso, esta escalada y volatilidad de precios llegan a determinar no sólo su competitividad, sino en algunos casos su propia supervivencia”.

Las empresas se enfrentan con la dificultad de repercutir estos incrementos en sus precios de venta o asumir unas cuantiosas pérdidas por un periodo de tiempo indeterminado. Y es que, con la regulación actual, nadie puede asegurar que ese techo no pueda superarse en el futuro, ni hasta qué límite, ni por cuánto tiempo.

En menos de un año, la energía ha pasado de suponer una media de un 20-22% de los costes totales de una de estas empresas, a triplicarlo. Un porcentaje que sigue subiendo en las últimas semanas. Entre el verano y diciembre de 2021, las facturas de electricidad de los productores de aluminio europeos han aumentado en más de un 300%, representando ahora más del 80% del precio de venta del aluminio actual.

Con los precios actuales, la factura energética subirá en el sector del aluminio en España más de 300 millones de euros, importe equivalente a financiar la construcción de cuatro hospitales.

Dentro de la industria del aluminio en España, solo el sector de la transformación está compuesto de 395 empresas con 568 plantas, proporcionando empleo de forma directa a más de 17.000 trabajadores cualificados. La cifra de negocios agregada del sector supera con creces los 4.000 millones de euros.

En España se produce un 10% del total de los productos laminados y extruidos de toda Europa (laminados 7,6% y extruidos 14,2%), siendo el tercer país de Europa en transformación de aluminio, muy cerca de Alemania e Italia. La industria transforma más de 1,3 millones de toneladas de aluminio al año, de las cuales se exportan más de la mitad a los mercados europeos e internacionales más competitivos, lo que lo convierte en un sector netamente exportador y con fuertes expectativas de crecimiento.

Así lo deja patente el momento actual que vive el sector en cuanto a demanda, la cual se ha visto incrementada en más de un 21% respecto a los tiempos previos a la pandemia, evidenciando no solo una recuperación exponencial del sector tras los peores momentos durante el estado de alarma, sino el potencial de un sector cada vez más demandado.

Si esta situación persiste tan solo un poco más, más empresas se verán obligadas a cerrar o a presentar ERTES, ante la imposibilidad de ser competentes con los costes energéticos dados. Solo en el sector de la transformación está en juego un 10% de la producción que, traducido en número de empleos, supondría la desaparición automática de 2.000 empleos directos de personal especializado.

Solo desde octubre de 2021 y a consecuencia de la dramática subida de los precios de la energía, Europa ha perdido más de 650.000 toneladas de su capacidad de producción anual, a pesar del constante crecimiento de la demanda de aluminio en Europa y en el mundo.

Pero no solo eso; empezamos a entrar en una situación en la que el aluminio, una materia prima crítica, puede dejar de llegar a las más importantes cadenas de valor de la industria española y europea, con las consecuencias que esto puede tener para los sectores del transporte, el embalaje, la construcción, la maquinaria y el equipamiento, los bienes de consumo o la ingeniería eléctrica de nuestra economía y la de la zona euro. Toda una cadena cuyo equilibrio se vuelve frágil si uno de sus componentes falla en las predicciones, tal y como empieza a suceder.

Además, a la escalada de precios de la energía y los combustibles, se suma a la escasez y el incremento de los precios de otras materias primas básicas para la producción del sector, que hacen esta situación cada vez más insostenible. A todo ello hay que agregar que la competencia con otros mercados por las mismas materias primas será cada vez será mayor y más difícil.

Hace meses que a nuestro sector se le exige un gran esfuerzo para mantenerse por sus propios medios. La nueva situación geopolítica que afecta a Europa nos sitúa en un panorama todavía más agravado, casi desbocado, arrastrándonos a una realidad muy por encima de lo que un sector como el nuestro puede soportar por sí solo con las actuales reglas de juego.

El secretario general de AEA, Jon de Olabarria, ha señalado que “son muchos los sectores afectados de nuestro tejido industrial, pero la situación afecta especialmente a empresas como las nuestras, dada su elevada dependencia de la energía para el desarrollo de sus actividades. Todo ello hace de esta una coyuntura que requiere soluciones por parte del Gobierno en una situación de extrema urgencia e impostergable”.

La adopción de medidas por parte de las autoridades españolas y europeas debe ser inmediata ante un tejido industrial en grave riesgo que requiere estabilidad en sus costes de producción para superar la actual situación de crisis, y sin más margen de acción para operar con los recursos actuales.

Necesitan medidas urgentes que pasen por desvincular el precio de la electricidad a la determinación del precio del gas de la factura para así estabilizar los precios. Por ello, pedimos la actuación decidida del Gobierno ante la Comisión Europea para modificar el sistema marginalista de fijación de los precios de la energía eléctrica, si es posible con carácter definitivo -ya que el sistema se ha demostrado ineficaz-, o al menos temporalmente.

Sugieren implantar precios regulados para sectores extremadamente dependientes del coste de la energía, de forma excepcional y temporal, con una hoja de ruta para su eliminación gradual.

También estiman pertinente poner en marcha Ayudas de Estado para empresas afectadas por los altos precios, como es el caso de las de nuestro sector, compatibles con lo expresado por la Comisión Europea.

Apelan tanto a la Comisión como a los colegisladores a que actúen sin demora y sin que les tiemble el pulso para proteger los puestos de trabajo europeos y la producción nacional de aluminio de una mayor desinversión, lo que además podría poner en jaque a las sucesivas partes de la cadena de producción.

Al mismo tiempo, solicitan de la administración española la máxima implicación en esta cuestión y la adopción de cualesquiera otras medidas oportunas en las que tengan capacidad de acción tendentes a paliar la actual crisis energética sin precedentes, dándoles el máximo impulso posible.

En este sentido, demandan descargar la factura eléctrica de los componentes de recaudación que dependen directamente del Gobierno español. No hay excusas, ya que en este sentido, la Directiva de la UE sobre fiscalidad de la energía y la Directiva sobre el IVA ofrecen flexibilidad a los Estados miembros.

Por último, quieren manifestar su firme apoyo en la toma de decisiones y su total predisposición a colaborar en este proceso.