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En su último Informe de Coyuntura Económica y Laboral correspondiente al mes de abril, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, Confemetal, se pregunta qué nivel de crecimiento podría alcanzar España si se aplicasen principios de racionalidad y mesura a su sistema normativo y de regulación administrativa.
En el Informe se señala que las empresas sufren una sobrerregulación que supone tiempo y costes, distrae al empresario de su principal labor que es hacer productiva y competitiva su empresa y, obviamente, perjudica la competitividad global de la economía.
La profusión de normas estatales, autonómicas y europeas y la regulación local, requiere una dedicación, simplemente para estar al día de una legislación cuya justificación práctica no siempre se demuestra tras su aplicación. Este exceso normativo evita que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, dediquen recursos y esfuerzos a su actividad.
Las cuatro administraciones -Unión Europea, Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales- generan un exceso de legislación, especialmente en ámbitos relevantes para la actividad económica como el medio ambiente, el empleo y los asuntos sociales o el consumo, y han creado un marco regulador complejo y cambiante que cada vez resulta más gravoso para la actividad empresarial.
Confemetal cree imprescindible que los legisladores se aseguren de que cualquier nueva normativa es realmente necesaria y manejable por las empresas que deben aplicarla y por las propias autoridades reguladoras del mercado que han de vigilar su aplicación.
En segundo término, deberían generar normas incentivadoras de la actividad económica y el empleo. En demasiadas ocasiones se legisla para mejorar aspectos muy parciales de la actividad, muchas veces sin conseguirlo y, además, perjudicando intereses generales o muy mayoritarios.
En España, además, bordeamos o cruzamos abiertamente, la frontera de la unidad del mercado, Cuando interviene la competencia normativa de las diferentes comunidades autónomas, los efectos beneficiosos de la armonización de la legislación europea en la competitividad se reducen por la creación de nuevas diferencias nacionales o regionales al incorporar dicha legislación.
La actividad empresarial, de la que dependen fundamentalmente la creación de riqueza y empleo, necesita que el marco administrativo y legal favorezca el espíritu empresarial y la mejora del escenario en que operan las empresas.
Todas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que son núcleo del tejido empresarial español, necesitan leyes adecuadas a su realidad y un sistema fiscal que incentive, o al menos que no obstaculice, su crecimiento, ni convierta en vanos sus esfuerzos en innovación, formación e internacionalización.
Si el objetivo es ser competitivos en una economía globalizada, es imprescindible contar con unas administraciones y una legislación simplificadas, modernas, estables y al servicio de las necesidades de las empresas que son finalmente las grandes responsables de esa competitividad que se busca.
La idea debe ser legislar mejor y, como regla general, las administraciones deberían hacerse siempre tres preguntas antes de lanzar una propuesta legislativa: ¿Existe una necesidad objetiva para ello? ¿Serían los costes proporcionales a los beneficios? ¿A que nivel de gobierno es más adecuado adoptar la iniciativa?
Toda la legislación debería estar sujeta a un análisis profundo y transparente de costes y beneficios, partir de la coordinación de los distintos niveles políticos y administrativos, y ser evaluable y revisable pasado un tiempo después de su aplicación, para comprobar que efectivamente ha mejorado la situación anterior y ha resuelto los problemas que se proponía solucionar sin crear otros mayores.
